El Perú se ha convertido en un jugador clave en la exportación de oro ilegal al mundo, pues explica el 44 % de estos envíos desde América del Sur. Esta participación supera a la de Colombia, Bolivia, Ecuador y Brasil, tendencia que podría agravarse en los próximos años.
Así lo advirtió Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE) durante su ponencia en el II Foro de Informalidad: “Perú Formal: Retos y soluciones para un futuro competitivo”, organizado por la Comisión de Competitividad de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
Sostuvo que en las últimas dos décadas el volumen de las exportaciones de oro ilegal se ha multiplicado por ocho, y para el 2025 podría igualar los US$ 12 000 millones de exportaciones formales de este mineral. Además, la brecha histórica entre oro legal e ilegal —que antes era de 190 toneladas— hoy se redujo a solo tres.
Pero mientras el oro ilegal crece, el ejecutivo sostuvo que el sector minero formal muestra señales claras de estancamiento, al señalar que el país mantiene al menos US$ 7 000 millones en proyectos de cobre atrasados, incluidos Michiquillay, Los Chancas y Haquira, todos afectados por conflictos y presencia de minería ilegal.
Aún más crítico es que no existe un solo proyecto de oro con fecha definida en la cartera minera del Ministerio de Energía y Minas, lo cual refleja el deterioro de las condiciones para la inversión formal en un país donde la actividad ilegal avanza.
“El auge del oro ilegal se sostiene no solo en la extracción, sino en toda su cadena comercial: las empresas exportadoras se multiplicaron por cuatro en cinco años, y las comercializadoras crecieron de 4 000 a más de 13 800 en la última década. Además, los destinos de exportación han migrado hacia mercados con menores exigencias de trazabilidad, como Emiratos Árabes Unidos e India”, remarcó.
En suma, el experto del IPE manifestó que el país muestra un panorama preocupante donde el oro ilegal se expande aceleradamente, mientras la minería formal, especialmente el cobre y el oro, se paraliza por inseguridad, ilegalidad y falta de políticas públicas efectivas.
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Barreras a la formalización
En paralelo, la informalidad empresarial se ha convertido en una barrera estructural para el crecimiento económico, advirtió Roberto De La Tore, presidente de la CCL.
Sostuvo que los tramites excesivos dificultan el proceso de formalización de los negocios, pues abrir una empresa en el país requiere 3 332 horas de trámites administrativos, equivalente a cuatro meses y medio de trabajo, además de costos iniciales de formalización que pueden superar los S/ 1 800, sin considerar los gastos adicionales según el tipo de empresa y la ciudad. Esto contribuye a la expansión de la informalidad.
“El tiempo que hoy se pierde en trámites podría destinarse a innovar, producir o generar empleo. Por ello, avanzar hacia procesos más ágiles y eficientes es clave para potenciar la competitividad empresarial”, subrayó.
De acuerdo con el Índice de Burocracia 2025, en América Latina la constitución de una empresa mediana y su puesta en operación demanda ocho meses de procedimientos administrativos.
Roberto De La Tore agregó que, según cifras del INEI -en su Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN)- el 70,7 % de la PEA ocupada trabaja en la informalidad, lo que significa que 7 de cada 10 peruanos no está sujeta a la legislación laboral. No obstante, la situación es aún más crítica en el ámbito rural, donde la informalidad alcanza al 94,8 % de la PEA ocupada.
En ese sentido, sostuvo que la informalidad es uno de los desafíos más complejos que enfrenta el país, pues afecta la recaudación, la inversión y, sobre todo, las oportunidades para millones de peruanos que buscan un futuro mejor.
Plan Nacional de Competitividad
Por su parte, César Uyeyama, secretario técnico del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), reconoció que la baja productividad vinculada a la informalidad es una de las fallas estructurales más graves del país, tras añadir que “no es posible lograr competitividad ni reducir la informalidad sin elevar la productividad agregada”.
“La informalidad limita el crecimiento económico y excluye a millones de peruanos de la protección social y del crédito formal, por lo que se requiere una hoja de ruta clara”, comentó.
En ese contexto, explicó que el MEF ha actualizado el Plan Nacional de Competitividad, que incluye 75 medidas, entre reformas de mediano y largo plazo convirtiéndose en una herramienta clave para impulsar la competitividad y el crecimiento sostenido del país.
En ese sentido, precisó que 15 de estas medidas están orientadas a la formalización, e incluyen acciones laborales destinadas a promover el empleo digno mediante mecanismos de acompañamiento institucionalizados.
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