La salud y la educación constituyen los pilares esenciales del capital humano y, por extensión, de la productividad de una economía. Un país con una población saludable y adecuadamente educada incrementa de manera significativa su capacidad para innovar, crecer y generar riqueza. Cuando los ciudadanos acceden a servicios de salud que aseguran continuidad en el desempeño laboral y a una educación de calidad que desarrolla competencias técnicas y cognitivas se crean condiciones sólidas para adoptar nuevas tecnologías, mejorar procesos y elevar la eficiencia productiva. Por ello, los países que destinan recursos de manera sostenida y estratégica a estos sectores suelen registrar un crecimiento económico más dinámico, mayores niveles de competitividad y una estructura social más estable.
Educación
Pese a los avances normativos y presupuestales de los últimos años, la capacidad del Estado para garantizar servicios educativos equitativos y de calidad continúa siendo insuficiente, especialmente en los territorios más alejados. Las brechas entre zonas urbanas y rurales se han ampliado, reflejando profundas desigualdades en infraestructura, disponibilidad docente, acceso a tecnología y resultados de aprendizaje. Estas asimetrías afectan directamente la formación del capital humano y generan consecuencias significativas para la productividad y la competitividad del país.
Según el Censo Educativo 2024, el Estado opera 29 992 instituciones educativas públicas de primaria. Sin embargo, al pasar al nivel secundario, la oferta cae abruptamente a 10 324 locales educativos, prácticamente la mitad. Esta discontinuidad revela un serio descalce institucional que compromete la trayectoria educativa: miles de estudiantes logran culminar la primaria, pero se enfrentan a barreras geográficas, logísticas y de infraestructura para continuar sus estudios.
A ello se suma el deterioro de la infraestructura educativa, uno de los mayores desafíos que deberá enfrentar el próximo gobierno. El Programa Multianual de Inversiones 2027–2029 evidencia una situación crítica: a nivel nacional, el 89.8 % de los locales de educación primaria —equivalente a 26 919 instituciones— opera en condiciones inadecuadas. En secundaria, la brecha alcanza el 84.5 % (8 701 locales), mientras que en el sistema universitario el 65.2 % de las escuelas profesionales presenta deficiencias que afectan directamente la calidad del servicio educativo. Esta precariedad estructural se traduce en menores aprendizajes y profundiza las desigualdades territoriales.
Las consecuencias de estas brechas son profundas. Los jóvenes que no acceden a la educación secundaria, o que asisten a centros educativos con bajo desempeño, ingresan al mercado laboral con competencias digitales, cognitivas y socioemocionales significativamente limitadas. En la práctica, el país termina reproduciendo ciclos persistentes de pobreza y desigualdad, reduciendo la base de capital humano capaz de incorporarse a sectores de mayor valor agregado. Esta limitación no solo restringe las oportunidades individuales, sino que también frena la capacidad nacional para impulsar la innovación, elevar la productividad y sostener un crecimiento económico de largo plazo.
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Salud
Así como la educación moldea las capacidades cognitivas y técnicas de la población, la salud es el componente que permite que dichas capacidades se traduzcan en productividad efectiva y crecimiento económico sostenido. Un país que ofrece a sus niños, niñas y adolescentes con buena salud obtiene un recurso humano más competente; y, además, cuando se cuenta con trabajadores sanos se reduce el ausentismo, mejora la permanencia laboral y fortalece la movilidad social, elementos fundamentales para consolidar un capital humano competitivo.
No obstante, en el Perú, la fragilidad de la infraestructura sanitaria no es un problema reciente. Los hallazgos en hospitales de diversas regiones han vuelto a evidenciar la magnitud del deterioro acumulado. La precariedad de la infraestructura, el hacinamiento y la limitada capacidad operativa de los establecimientos conforman un escenario crítico que afecta de manera particular a la población más vulnerable, restringiendo su acceso oportuno y adecuado a servicios esenciales de salud.
En visitas recientes –realizadas por la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y diversas misiones técnicas– se constató que muchos hospitales operan al borde del colapso. En Trujillo, por ejemplo, el Hospital Belén registra un déficit crónico de camas de emergencia, obligando a pacientes a esperar hasta 12 horas en ambientes saturados.
En la capital el panorama es similar, con hospitales con pacientes ubicados en pasillos durante días ante la falta de camas, equipos de diagnóstico paralizados por falta de mantenimiento, escasez de medicamentos y servicios básicos improvisados. La Defensoría del Pueblo ha reportado que, en el primer nivel de atención, el 76 % de los centros presenta infraestructura deteriorada, mobiliario obsoleto o falta de personal médico.
A esta situación se suma la cartera de obras paralizadas y postergadas. Según el registro actualizado de la Contraloría General de la República a junio de 2025, el sector salud concentra algunos de los proyectos suspendidos más costosos del país. Entre ellos destaca la obra de recuperación de los servicios de salud del Hospital de Apoyo II-2 de Piura, con una inversión de S/ 803.7 millones, el quinto proyecto paralizado de mayor monto. Igual de preocupante es el proyecto de fortalecimiento de los servicios de salud del Hospital Regional de Pucallpa-Iquitos, valorizado en S/ 700.3 millones, que figura entre los diez más costosos sin operar.
El panorama de obras postergadas tampoco ofrece alivio. El Hospital Regional de Loreto, pieza clave para el acceso sanitario en Iquitos, ha visto su fecha de culminación desplazada del 2027 a 2033, extendiendo en seis años la espera por servicios fundamentales. El Hospital de Chota en Cajamarca ha sido reprogramado para 2030 y el Hospital de Apoyo de Iquitos acumula ya ocho años de retraso.
Se requiere un presupuesto efectivo
Si bien Educación (S/ 48 745 millones) y Salud (S/ 33 033 millones) representan en conjunto el 31 % del presupuesto total. La interrogante que surge es si esto montos asignados permiten avanzar en el cierre de brechas o solo sostienen la conducción en automático.
A puertas de promulgarse la Ley del Presupuesto 2026. Se hace un llamado a la reflexión de lo que el Perú necesita avanzar hacia un esquema de gasto eficiente, con objetivos claros de mejora de calidad para los servicios de educación y salud, y basado en modalidades ágiles de inversión como las Asociaciones Público-Privadas (APP) y Obras por Impuestos (OxI), que han demostrado acelerar plazos, reducir sobrecostos y mejorar la calidad de ejecución.
Por otro lado, no se puede avanzar en el cierre de brechas si persisten los cuellos de botella técnicos y de gobernanza que hoy paralizan proyectos claves. No se trata solo de asignar más recursos, sino de resolver los obstáculos que generan reprogramaciones sucesivas, incrementan costos y dejan obras inconclusas.
Para evitar que el presupuesto se diluya en un costal roto, es indispensable fortalecer los sistemas de rendición de cuentas, el control sobre empresas que incumplen contratos y la integridad de los procesos de contratación pública, donde aún se detectan riesgos de colusión y direccionamiento hacia postores no idóneos.
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