La serie de normas que el Congreso ha aprobado y que generan un mayor gasto corriente están erosionando las cuentas del Estado y contribuyendo a un mayor déficit fiscal, es decir, a gastar más de lo que tenemos.
Esta peligrosa tendencia atenta directamente contra uno de los pocos consensos que ha sostenido la estabilidad macroeconómica del Perú en las últimas tres décadas: la disciplina fiscal, que tanto costo alcanzar.
Entre dichas iniciativas se encuentran el nombramiento de maestros, la homologación de remuneraciones de trabajadores CAS con otros regímenes del sector público, el otorgamiento de gratificaciones y CTS a los trabajadores CAS, nuevos gastos deducibles del Impuesto a la Renta y hasta el incremento de la pensión a profesores jubilados que felizmente ha sido observada, pero que todavía se encuentra pendiente de revisión parlamentaria.
No se trata de estar en contra de que los jubilados cobren lo que, con seguridad, se merecen, o de que haya trabajadores que sigan siendo postergados, sino de que no se puede asumir gastos sin saber de dónde ni cómo se van a financiar.
En esta línea, no podemos soslayar el papel del Tribunal Constitucional en el deterioro del equilibrio fiscal, pues emitió una sentencia que estableció que el Parlamento puede proyectar o disponer gastos futuros, siempre que no obliguen de inmediato al Ejecutivo a desembolsar recursos o si el gasto puede ser gradual, programable o sujeto a disponibilidad presupuestal.
Esa interpretación abrió una “zona gris” que ha sido aprovechada para impulsar normas clientelistas como bien ha advertido el Consejo Fiscal. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la CCL ha señalado en sus últimos reportes que el déficit fiscal cerraría en torno al 2,4 % del PBI este año.
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La situación podría empeorar el próximo año, pues el Proyecto de Presupuesto General de la República 2026 presentado al Congreso por el gobierno de la expresidenta, Dina Boluarte, contempla un incremento del gasto corriente en 5.9 % respecto al 2025, por lo que es recomendable que el Ejecutivo coordine con el Parlamento urgentes correcciones al proyecto presupuestario que nos salvaguarden de un forado mayor en la caja fiscal.
No olvidemos que el plazo máximo que otorga la Constitución para la aprobación del Presupuesto es el 30 de noviembre de cada año y que, si el Congreso no aprueba el presupuesto antes de esa fecha, entra en vigencia automáticamente el proyecto presentado por el Ejecutivo (el de Dina Boluarte), tal como fue remitido.
También se requiere que el Ministerio de Economía y Finanzas ejerza un liderazgo claro y responsable para poner freno a las medidas populistas.
El equilibrio fiscal no es una consigna tecnocrática, sino una condición indispensable para que el Perú continúe creciendo con estabilidad, previsibilidad y sostenibilidad.
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