¿Cuántas vidas deben perderse antes de tener una política efectiva de lucha contra la criminalidad? ¡Estamos hartos de esta situación!
Con estas palabras, los voceros de los 15 gremios que integramos la Coalición por la Seguridad Ciudadana, que representa a más de medio millón de micro y pequeños empresarios de diferentes sectores productivos, así como organizaciones sociales, expresamos nuestra indignación frente a la inacción del gobierno ante la ola de violencia que azota nuestro país.
Sucesivos planes de acción han sido puestos en ejecución sin lograr resultados significativos ante los extorsionadores, narcotraficantes, asaltantes, sicarios, mineros ilegales, raqueteros y delincuentes que se han apoderado de diversas zonas del país.
Reiteradamente hemos demandado que, así como se encaró y derrotó al terrorismo hace más de 30 años, se privilegie el uso de la inteligencia frente al delito y que la Policía Nacional cuente con un decidido apoyo político y presupuestal para cumplir con su misión.
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Sin embargo, lejos de brindarle el apoyo que necesitan nuestros policías, fiscales y jueces, mejorando la investigación, equipamiento tecnológico e implementando y reglamentando las unidades de flagrancia y la posibilidad de presentar denuncias digitales; desde el Estado se prefiere financiar empresas estatales quebradas e ineficientes.
¿Cuántos patrulleros, equipos de comunicación, armamento, municiones, chalecos antibalas, uniformes y comisarias se podrían comprar o construir si esos más de US$ 287 millones de nuevos bonos que ha emitido el Estado se destinaran para estos fines y no para “garantizar la continuidad” de Petroperú?
No hay explicación para que el gobierno siga financiando a una empresa que se ha convertido en un botín político, dominado por una burocracia dorada preocupada solo en mantener privilegios.
Mientras esto ocurre, miles de empresarios —grandes, medianos y pequeños— son arrinconados, obligados a cerrar sus puertas bajo la amenaza de las balas y explosivos, dejando en la calle a miles de trabajadores directos e indirectos. El propio MEF ha estimado que los peruanos perdemos aproximadamente veinte mil millones de soles al año por la inseguridad, equivalente al 1.7 % del PBI.
Hoy en el Perú un empresario o emprendedor no solo arriesga su capital, también su vida.
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