Los actos delictivos en modalidades como el sicariato y la extorsión operados por grandes mafias internacionales se han convertido en una de las principales amenazas para la seguridad ciudadana, la estabilidad social y la estabilidad económica del país.
Sin embargo, el gobierno no ha implementado acciones efectivas para contrarrestar este nivel de criminalidad. Por el contrario, sus medidas, insuficientes e ineficaces, socavan aún más la confianza en las instituciones encargadas de garantizar la justicia y el orden, dejando a ciudadanos y pequeños empresarios atrapados en un clima de incertidumbre constante, tal como lo ha expresado la Coalición por la Seguridad Ciudadana, grupo de gremios empresariales del que participa la Cámara de Comercio de Lima.
La escalada de violencia que se vive desde 2021, afecta sectores como transporte, comercio, construcción donde la tasa de informalidad es elevada, afectando a gran parte de la población.
En el caso de la extorsión, datos oficiales del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) muestran que entre 2019 y 2024, los casos de extorsión aumentaron un 478 %, pasando de 3 872 a 22 400 denuncias. En 2025, la tendencia es aún más preocupante, los casos de extorsión ya representan el 82 % del total registrado en 2024. Todo esto muestra la inacción del Gobierno y la ausencia de estrategias efectivas para enfrentar a las organizaciones criminales con la energía que se requiere.
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Sectores clave como la construcción llevan más de dos décadas siendo asediados por mafias, especialmente en Trujillo, donde empresas y trabajadores son constantemente extorsionados. El impacto en el transporte es igualmente grave con 46 choferes asesinados en Lima y Callao en el último año.
En síntesis, cinco regiones se han convertido en las zonas con mayor predominio de la extorsión. Lima con 8 670 denuncias seguida de La Libertad (3 097), Piura (2 054), Lambayeque (715 denuncias) y el Callao (633 denuncias), representan el 78.4 % de las denuncias registradas el 2025. Este ambiente delictivo compromete la productividad de los casi 2 millones de empresas que conforman el tejido empresarial de estas principales áreas costeras.
Asimismo, datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) indican que a setiembre de este año se han registrado 1 684 homicidios, lo que equivale a un promedio de 6.4 asesinatos por día. Para poner en perspectiva el crecimiento de la violencia, en 2017 ocurría un homicidio cada 24 horas; hoy, el dato es de un asesinato cada 3.8 horas.
El PIM de Orden Público y Seguridad
El Ministerio del Interior tiene como función principal velar por la seguridad ciudadana, garantizar el orden público y preservar la tranquilidad interna en todo el territorio nacional. En el 2025, esta cartera cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 14 304 millones, de los cuales aproximadamente el 74 % se destina a la función de Orden Público y Seguridad.
En los últimos años, el presupuesto asignado a esta función ha mostrado un crecimiento sostenido, pasó de S/ 8 935 millones en 2020 a S/ 10 574 millones en 2025, lo que equivale a un incremento acumulado de alrededor del 18 %. Para el 2026, el proyecto de presupuesto público prevé elevarlo a S/ 15 821 millones, un salto cercano al 50 % respecto al 2025, que da cuenta de la urgencia que el Estado reconoce frente a la escalada de criminalidad y violencia que afecta al país.
No obstante, pese al esfuerzo financiero reflejado en mayores recursos para el 2026, la experiencia reciente muestra que el aumento de recursos no se ha traducido en resultados efectivos. Resulta primordial una estrategia integral de seguridad que combine recursos, capacidades institucionales y coordinación intergubernamental.
Por su parte, el PIM de Orden Interno en 2025 asciende a S/ 8 250 millones, distribuidos en S/ 6 055 millones (73 %) para el personal y obligaciones sociales, de la Policía Nacional del Perú. Luego se destina S/ 1 180 millones (14 %) a la compra de bienes y servicios, destinados a la operatividad cotidiana como gastos en combustible, logística, mantenimiento de patrulleros, equipos y otros insumos necesarios para las labores policiales. Otros S/ 920 millones (11 %) se orienta a la adquisición de activos no financieros, lo que implica inversiones en infraestructura policial, construcción o mejoramiento de comisarías, compra de patrulleros, equipamiento y tecnología para reforzar la capacidad de respuesta. Finalmente, S/ 95 millones (1 %) se clasifica como otros gastos, con una incidencia marginal en el presupuesto total, vinculados a erogaciones diversas de menor impacto en la gestión de la seguridad.
El presupuesto destinado a Operaciones Policiales comprende las acciones orientadas a proteger y asistir a la población, garantizar el cumplimiento de las leyes, prevenir y combatir la delincuencia, así como vigilar y controlar las fronteras. Para dimensionar su alcance en 2025, se calculó el PIM per cápita, dividiendo el presupuesto institucional modificado de cada departamento entre su población. El resultado evidencia una marcada concentración de recursos en Lima, que alcanza los S/ 385 por habitante al año, más del doble que Cusco (S/ 189) y más de cuatro veces lo que reciben regiones como La Libertad (S/ 82) o Piura (S/ 85). Este contraste resulta particularmente crítico si se considera que ciudades como Trujillo enfrentan un escenario de sicariato y criminalidad que se ha tornado incontrolable, mientras que Piura también registra elevados índices de violencia y delincuencia organizada. En lo que va del 2025, las regiones de Piura y La Libertad concentran el 56 % de las extorsiones y el 32 % del número de asesinatos fuera de la capital.
Los datos evidencian una marcada heterogeneidad en la asignación de recursos, lo que exige una redistribución más equitativa que tome en cuenta no solo la concentración poblacional, sino también la magnitud y urgencia de los problemas de seguridad en cada región.
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