¿Cómo vamos en 2025? Le consultamos al exministro del Interior Julio Corcuera que adelante un balance de la lucha contra el crimen y esto fue lo que nos respondió: “En lo que va del 2025 no se ha avanzado lo suficiente en la lucha contra las organizaciones criminales. Si bien se han realizado algunos operativos puntuales y capturas de cabecillas, estos esfuerzos no han tenido un impacto sostenido en la reducción de la criminalidad organizada”.
Corcuera indica que aún persisten limitaciones estructurales en el Estado, particularmente en lo relacionado con la inteligencia policial, la coordinación interinstitucional, las capacidades logísticas de la Policía Nacional y la capacitación en el uso de las nuevas tecnologías. “Estas debilidades institucionales explican en buena medida por qué las organizaciones criminales no solo siguen constituyendo una amenaza para la seguridad, sino también para la economía en su conjunto”.
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Crimen y política
Sobre la relación entre economías ilegales y política, el especialista señaló que es uno de los mayores desafíos para el país de cara a las elecciones generales del próximo año, pues la infiltración de capitales ilícitos en el financiamiento de campañas debilita la legitimidad de las instituciones democráticas y pone en riesgo la autonomía de los futuros gobernantes.
“Para evitar que estas economías ilegales participen del proceso electoral es necesario fortalecer, en primer lugar, los mecanismos de transparencia. La ONPE y el JNE deben contar con mayores recursos técnicos y legales que les permitan realizar cruces automáticos de información entre los aportes declarados y las bases de datos de la UIF, SUNAT y SBS. Así se podrían detectar, en tiempo real, inconsistencias que revelen intentos de lavado de dinero o ingreso de capitales ilícitos en las campañas”, adelantó.
En segundo lugar, refirió que se requiere un régimen de sanciones que realmente disuada estas prácticas, incluyendo la inhabilitación inmediata de candidaturas, la pérdida de inscripción partidaria en casos graves y la apertura de investigaciones penales expeditivas para quienes acepten financiamiento ilegal.
Finalmente, no se debe olvidar que el poder del crimen organizado se construye sobre la ausencia del Estado en muchas regiones. “Por eso, es indispensable acompañar las medidas de control electoral con una estrategia de desarrollo territorial que fortalezca la presencia estatal, garantice servicios básicos y promueva economías lícitas que reduzcan la dependencia de la población hacia el dinero ilegal”, recomendó.
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