El sector empresarial, por medio de la actividad privada, tiene la oportunidad de ser el protagonista de las grandes cruzadas nacionales con motivos del bicentenario nacional: lograr una adecuada recuperación económica pos-COVID-19, reducir las desigualdades y enfrentar decididamente la crisis climática.
Para cumplir con tales objetivos, una nueva forma de hacer empresa se está consolidando en nuestro país y en la región a través de la denominada “empresa con propósito”.
Las empresas con propósito asignan la misma importancia a la realización de la actividad económica elegida, como a la resolución de problemas sociales y ambientales específicos. En definitiva, estas empresas resuelven problemas públicos desde el sector privado, contribuyendo activamente con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Las mismas, pertenecen a un cuarto sector de la economía, en el que confluyen los tres que lo anteceden (el sector público, el sector privado y el sector social).
Un estudio publicado en el 2019, por la Secretaría General Iberoamericana y el Instituto de Empresa, revela que la inmensa mayoría (91%) de los ciudadanos iberoamericanos encuestados opinan que las empresas pueden y deben desempeñar un rol decisivo en la creación de un modelo económico más justo y sostenible y que, si no hacen esto, las consecuencias para las generaciones futuras serán severas.
Es importante mencionar que esta opinión es mayoritaria en todos los grupos de encuestados, incluyendo edad, género, nacionalidad e ideología política.
Nuestro país ha dado un paso hacia adelante en la consolidación del cuarto sector en la región a través de la reciente aprobación, por parte del pleno del Congreso de la República, de la ley de la Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo, también conocida como la Sociedad BIC.
La votación del pasado viernes 23 de octubre, con 110 votos a favor, cero en contra y una abstención es, sin duda, un respaldo importante hacia la reimaginación de nuestro ordenamiento jurídico a la luz de la denominada “Economía de Triple Impacto”, en la cual las decisiones empresariales contemplan indivisiblemente variables económicas, sociales y ambientales.
Una vez promulgada y reglamentada por el Poder Ejecutivo, la #LeyBIC permitirá a las empresas con propósito tener una identidad propia y proteger jurídicamente el propósito social y ambiental elegido en el largo plazo.
Asimismo, dinamizará el diseño de políticas públicas y acciones propias de mercado que incentivarán a emprendedores y empresarios a optar por modelos de negocios sostenibles, tal y como sucede en otros países con este modelo de empresa como Canadá, Colombia, Ecuador, Estados Unidos e Italia, por poner algunos ejemplos.
El empresariado, dinámico y adaptable por naturaleza, está a la altura del reto y tiene la oportunidad de ser parte de este cambio de paradigma en el que todos los esfuerzos se dirigen no a ser la mejor empresa del Perú, sino la mejor empresa para el Perú.
