El Perú enfrenta una brecha de infraestructura equivalente a más del 12.6% de su PBI, lo que limita la competitividad del país, restringe el acceso a servicios básicos y frena el crecimiento económico. Para enfrentar este desafío, las asociaciones público-privadas (APP) y los proyectos en activos se han consolidado como herramientas estratégicas que permiten movilizar inversión privada hacia proyectos de alto impacto social y económico.
Según la cartera oficial de ProInversión (Portafolio APP 2024-2027), actualmente se cuenta con 70 proyectos programados para adjudicarse entre 2025 y 2027, con una inversión conjunta valorizada en aproximadamente USD 24 899 millones. Este portafolio abarca sectores clave como transporte, agua y saneamiento, energía, salud, educación, turismo e infraestructura productiva, convirtiéndose en uno de los más ambiciosos de la región.
La importancia de esta cartera no solo radica en la magnitud de la inversión, sino también en su potencial para mejorar la calidad de vida de millones de peruanos, reducir brechas territoriales y fomentar la competitividad del aparato productivo nacional. En un contexto de incertidumbre económica global, asegurar la ejecución de estos proyectos representa una oportunidad estratégica para dinamizar la inversión privada y generar empleo formal en el país.
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APP y proyectos en activos 2025
El 2025 se perfila como un año clave para la atracción de inversiones privadas en el Perú. La cartera oficial contempla 28 proyectos por USD 8 815 millones, de los cuales, a septiembre, ya se han adjudicado 3 proyectos por USD 2 511 millones (22.3 % del total). Este arranque evidencia un dinamismo inicial, aunque persiste el reto de materializar el resto de la inversión programada.
Los primeros resultados confirman el rol estratégico de las APP. Entre los proyectos adjudicados sobresale la Longitudinal de la Sierra Tramo 4, con una inversión de USD 1 582 millones, la más importante de la cartera 2025. En saneamiento, la PTAR Chincha (USD 97 millones) fue la primera en adjudicarse, mientras que en salud destaca la concesión del Hospital de Emergencia de Villa El Salvador (USD 284 millones).
Sectores con mayor dinamismo
El análisis por sectores confirma que Transporte lidera la cartera del año 2025 con 9 proyectos valorizados en más de USD 3 223 millones, de los cuales tres ya fueron adjudicados. Le sigue Agua y Saneamiento, con 9 proyectos por USD 1 655 millones, aunque hasta el momento solo la PTAR Chincha ha sido adjudicada, mientras que las plantas en Tarapoto, Puerto Maldonado, Trujillo, Huancayo y Cusco avanzan en estructuración o transacción. En Salud, el Hospital de Villa El Salvador marcó el inicio de adjudicaciones, mientras que el Hospital Militar Central (USD 442 millones) y la gGestión del Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja (USD 168 millones) fueron reprogramados, este último ya postergado para el 2026.
En los sectores productivos, la cartera incluye 3 proyectos por más de USD 2 000 millones, donde sobresale el Parque Industrial de Ancón (USD 1 214 millones), considerado clave para diversificar la matriz productiva y atraer inversión en manufactura y logística. En Turismo, Educación y Electricidad se concentran proyectos que, en conjunto, superan los USD 1 100 millones. En turismo destacan el Centro de Convenciones de Lima y el mejoramiento del Parque Arqueológico de Choquequirao (cerca de USD 500 millones), orientados a posicionar al país como destino cultural y de eventos internacionales. En Educación sobresale el proyecto de Colegios en Riesgo en Lima Metropolitana (USD 288 millones), crucial para mejorar la infraestructura educativa en la capital. Finalmente, en Electricidad, se incluyen dos grupos de iniciativas que en total abarcan 8 proyectos de transmisión, por un valor cercano a USD 400 millones, fundamentales para ampliar la cobertura y fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico frente al crecimiento de la demanda.
Diversificación regional de la cartera
A nivel regional, se cuenta con 8 proyectos multirregionales, principalmente corredores viales valorizados en más de USD 2 962 millones, que permitirán fortalecer la interconexión entre diversas regiones y dinamizar el comercio, el turismo y la integración productiva. A estos se suman los proyectos eléctricos como los del Plan de Transmisión 2025–2034, con casi USD 400 millones, que también poseen un carácter multirregional y buscan garantizar un suministro confiable en distintas zonas del país.
En paralelo, Lima Metropolitana concentra 8 proyectos por más de USD 3 750 millones, liderados por el Parque Industrial de Ancón (USD 1,214 millones) y la Península del Puerto del Pacífico (USD 767 millones), además de proyectos en Salud y Educación. Este peso confirma su rol como principal polo de inversión, aunque en el portafolio también destaca la importancia de otras regiones estratégicas como Áncash (Terminal Portuario de Chimbote, USD 331 millones) y Cusco (PTAR Cusco y carreteras regionales por USD 190 millones), que se perfilan como motores de desarrollo descentralizado.
Continuidad y consolidación en 2026
El 2026 contará con 35 proyectos valorizados en USD 8 283 millones, donde el sector Transporte lidera con USD 4 951 millones distribuidos en 16 iniciativas. Sobresalen la Vía Evitamiento del Cusco (USD 943 millones), los corredores viales de Chiguata–Santa Lucía–Mañazo–Negromayo (USD 692 millones) y Emp. PE-1N (Santa) – Chuquicara (USD 706 millones), además del Terminal Portuario de Pucallpa (USD 185 millones). Estas intervenciones, mayoritariamente multirregionales, serán claves para reforzar la integración logística de la sierra y selva con los principales centros productivos del país.
En paralelo, sectores sociales y estratégicos concentran inversiones significativas: Agua y Saneamiento (USD 484 millones), con proyectos como el saneamiento rural de Iquitos y la PTAR de Cañete; Salud (USD 850 millones), con la operación de hospitales emblemáticos como el Hipólito Unanue y el de Cajamarca; y Educación (USD 356 millones), dirigida a reforzar colegios en riesgo en Lima y Cusco. A ello se suman la Red Dorsal de Fibra Óptica (USD 879 millones), fundamental para reducir la brecha digital, y los proyectos eléctricos del Plan de Transmisión (USD 703 millones), orientados a garantizar la seguridad energética.
Perspectiva 2027: infraestructura de nueva generación
El 2027 presenta una cartera de 8 proyectos valorizados en USD 7 800 millones, marcada por la ejecución de megaproyectos estratégicos. En Hidrocarburos, el Sistema Integrado de Transporte de Gas – SITGAS (USD 4 321 millones) se consolida como la iniciativa más ambiciosa del quinquenio, al garantizar la masificación del gas natural en el sur del país. A ello se suma el proyecto de rocas fosfóricas en Bayóvar (USD 1 000 millones), clave para fortalecer la seguridad alimentaria y potenciar el sector agroexportador.
Por su parte, la irrigación y seguridad hídrica concentran USD 1 780 millones con proyectos como Chinecas (USD 750 millones), la III etapa de Chavimochic (USD 430 millones) y el Sistema Hídrico Chancay–Lambayeque (USD 600 millones), que ampliarán la frontera agrícola y garantizarán agua para uso poblacional y productivo. En transporte, destaca el Tercer Grupo de Aeropuertos (USD 550 millones), orientado a reforzar la conectividad aérea regional y complementar las inversiones viales y portuarias ya en marcha.
La nueva Ley de APP
La aprobación de la nueva Ley de APP en agosto de 2024 ha reconfigurado el marco normativo bajo el cual se desarrollará la cartera de proyectos en curso. Uno de los aspectos más relevantes de la norma es la reafirmación del rol rector del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la promoción de la inversión privada, con el propósito de asegurar mayor coherencia y eficiencia en la gestión de proyectos.
Desde la Cámara de Comercio de Lima (CCL) se reconoce que la nueva ley representa un avance en la medida que permita destrabar inversiones y agilizar procesos mediante reglamentos claros y predecibles. No obstante, se subraya que las APP, por su naturaleza de asociación con el sector privado, no deberían ser tratadas como proyectos públicos convencionales bajo la lógica de Invierte.pe. Más bien, requieren de un esquema diferenciado que valore su carácter mixto y facilite su desarrollo con reglas más flexibles y orientadas a resultados. En ese sentido, se plantea que la rectoría de las APP debe fortalecerse en ProInversión, y no en el MEF, en tanto se trata de una entidad especializada y con capacidades técnicas para garantizar procesos más ágiles, competitivos y orientados a resultados. Todo ello sin debilitar los mecanismos de control fiscal, ni de comprometer la calidad del gasto público o la gestión de riesgos contingentes.
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