El comportamiento del gasto público en los años preelectorales permite analizar no solo la capacidad del Estado para ejecutar los recursos, sino también si planifica y administra de manera adecuada. Si bien el ciclo político genera un impulso adicional en la ejecución, los datos oficiales muestran que persisten diferencias marcadas entre niveles de gobierno. En 2025, con información al 30 de noviembre, el Gobierno Nacional alcanzó un avance de inversión del 71.2 %, los gobiernos regionales del 78.4 % y los gobiernos locales del 60.2 %. Esto confirma que el desempeño preelectoral no responde a un patrón uniforme, sino que depende de factores administrativos, institucionales y políticos que influyen de manera distinta en cada nivel de gobierno.
En el presente informe se analiza el avance del gasto público al cierre de noviembre de 2025 en los principales sectores del Gobierno Nacional, la distribución territorial del gasto de los gobiernos regionales y el papel que desempeña la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) en el marco del Presupuesto 2026.
Ejecución del Gobierno Nacional por sectores
El análisis sectorial de la inversión del Gobierno Nacional refleja que, del total asignado para la ejecución de proyectos, se programaron S/ 27 845 millones, de los cuales se ejecutaron S/ 19 838 millones al 30 de noviembre de 2025, alcanzando un avance global cercano al 71.2 %. Su estructura presupuestal se concentra en Transporte, Educación, Orden Público y seguridad, Salud y Saneamiento quienes representan el 74.4 % del PIM nacional.
Dentro de este grupo de funciones prioritarias, Transporte (29.2 % del PIM) y Educación (18.3 %) concentran los montos más altos debido al tamaño y continuidad de sus carteras de proyectos. En términos de desempeño, Salud se posiciona con el mayor nivel de ejecución (83.4 %), impulsada por inversiones en infraestructura hospitalaria y equipamiento. Le siguen Energía (80.5 %), asociado principalmente a proyectos de electrificación, y los sectores de Transporte (77.8 %) y Saneamiento (77.7 %), ambos con avances sólidos por la continuidad de obras multianuales.
En contraste, algunos sectores del Gobierno Nacional tienen rezagos importantes: Defensa y Seguridad Nacional (25.6 %), Justicia (27.2 %), Cultura y Deporte (31.9 %) y Previsión Social, con apenas 15.5 % de ejecución. Esto pone en riesgo la provisión de ciertos servicios públicos por deficiencias en planificación, problemas de contrataciones, escasez de cuadros técnicos o débil coordinación con el MEF.

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Ejecución en Gobiernos Regionales
El avance del gasto de inversión de los Gobiernos Regionales al 30 de noviembre de 2025 muestra un desempeño heterogéneo, pero con resultados destacados en varios departamentos. Piura (90.2 %), Junín (89.9 %), Ayacucho (88.0 %) y Arequipa (89.1 %) lideran la ejecución, todos con niveles cercanos o superiores al 88 %, lo que refleja una gestión dinámica de sus proyectos, en particular en infraestructura vial, educativa y productiva. Otros departamentos como Tacna (84.8 %), Amazonas (82.5 %), San Martín (81.1 %) y Áncash (81.0 %) también muestran altos avances, acorde con la aceleración del gasto de inversión que caracteriza los últimos meses del año fiscal.
En contraste, algunos gobiernos regionales muestran avances más moderados. Huánuco (61.2 %) y Callao (61.3 %) registran los niveles más bajos, seguidos de Tumbes (63.7 %) y Lambayeque (67.2 %), lo que sugiere demoras en procesos de contratación, reprogramaciones o dificultades técnicas en la ejecución de proyectos. Departamentos de mayor escala como La Libertad (70.2 %), Apurímac (70.6 %) y Lima (71.7 %) exhiben avances intermedios, pero aún requieren una mayor aceleración para cerrar el ejercicio presupuestal con niveles óptimos. En conjunto, el comportamiento regional dispar evidencia diferencia en las capacidades de gestión, las cuales afectan la ejecución de la inversión pública nacional.

El desafío central de ANIN
Al mes de noviembre de 2025, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) registra uno de los niveles de ejecución más altos del sector público, alcanzando un avance del 97.8 % del PIM. Destacan funciones prioritarias como Orden Público y Seguridad (99.1 %), Saneamiento (99.2 %), Transporte (98.7 %) y Educación (96.4 %), evidenciando una capacidad operativa superior frente a otros pliegos. Estos proyectos se concentran en sectores estratégicos no solo por su contribución a cerrar brechas de infraestructura, sino también porque cumplen un papel fundamental en la prevención de desastres vinculados al Fenómeno El Niño y en la reconstrucción de daños del evento de 2017. La gestión mediante contratos NEC3 – Opción F, que exige cumplimiento estricto de plazos y estándares, refuerza esta eficiencia institucional.
Sin embargo, esta alta capacidad de ejecución también revela un reto estructural: el déficit anual de recursos necesarios para cumplir con los compromisos programados. Para 2026, dicho déficit asciende a S/ 5 055 millones —muy superior al de 2025 (S/ 3 151 millones)— mostrando que las asignaciones presupuestales aún están por debajo de las necesidades reales de la cartera. Dado que se trata de proyectos estratégicos para saneamiento, transporte, educación, salud y gestión del riesgo, cubrir este déficit no es solo un requerimiento financiero: es una condición indispensable para asegurar la continuidad de obras críticas que protegen a la población frente a eventos climáticos y fortalecen la capacidad de respuesta del país.
De cara al 2026, resulta indispensable fortalecer la programación y gestión multianual de inversiones. Se requiere avanzar en la simplificación real de los procesos de contratación, reducir los cuellos de botella que afectan a los gobiernos regionales y locales, y asegurar el financiamiento completo de las obras estratégicas, especialmente aquellas a cargo de la ANIN. De este modo se garantizará la continuidad de proyectos esenciales para cerrar brechas de infraestructura, mejorar servicios públicos y reforzar la capacidad del país para enfrentar riesgos climáticos y operativos.

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