A pocas semanas de cerrar el año, y en medio de la presión por mostrar resultados antes del ciclo electoral 2026, la eficiencia en la ejecución del gasto público vuelve a ser un tema central. Al primer trimestre de 2025, algunos gobiernos regionales mostraban niveles de ejecución de inversión pública superiores al 40 %, mientras que otros no alcanzaban ni el 10 %. Sin embargo, a solo tres meses de cerrar el año, el panorama no ha cambiado de manera sustancial: según datos recientes del Ministerio de Economía y Finanzas, apenas nueve gobiernos locales en todo el país han superado el 50 % de ejecución, lo que evidencia una brecha persistente en la capacidad de gestión subnacional y la dificultad de convertir presupuesto en obras concretas para la ciudadanía.
En este contexto, mecanismos como las Obras por Impuestos (OxI), una creación peruana que permite a las empresas financiar infraestructura pública a cambio de adelantos del pago del Impuesto a la Renta, adquieren relevancia renovada. Sin embargo, su verdadero impacto depende de la capacidad del Estado y las empresas para garantizar la correcta ejecución de los proyectos.
Para Geraldo Arosemena, Managing Director de TMF Group para Perú y Bolivia, es en estos momentos donde se debe considerar al fideicomiso como una herramienta esencial para elevar la transparencia, seguridad y continuidad de estos proyectos. “Los avances normativos de los últimos años han ampliado la participación del sector privado en OxI, permitiendo modelos más flexibles. Obras por Impuestos es un orgullo peruano, una creación que ha permitido ejecutar infraestructura donde el Estado no llega con calidad ni rapidez. Pero su potencial se maximiza cuando se suman mecanismos de fideicomiso, que ordenan los flujos, garantizan el uso de los recursos y permiten continuidad incluso si surgen problemas operativos o de gestión”, destaca.
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El especialista explica que un fideicomiso permite que un administrador independiente supervise los recursos y libere pagos únicamente según el avance real del proyecto. Esto genera beneficios claros:
- Control total de los flujos, evitando desvíos de fondos.
- Pagos condicionados al avance real, reduciendo riesgos operativos.
- Continuidad del proyecto ante cambios políticos, disputas administrativas o incumplimientos.
- Mayor orden y trazabilidad para quienes adquieren los CIPRL (Certificados de Inversión Pública Regional y Local) y financian las obras.
“El fideicomiso dejó de ser una herramienta reservada solo para grandes concesiones; hoy es accesible y versátil para proyectos de todo tamaño” agrega.
La baja ejecución presupuestal evidencia un reto estructural en la gestión pública subnacional. En ese sentido, Arosemana indica que los fideicomisos aportan tres elementos esenciales para revertirlo:
- Independencia y neutralidad: El fiduciario garantiza que los fondos se administren sin interferencias políticas ni discrecionalidad indebida.
- Orden financiero en contextos volátiles: En un mundo ideal, el Estado debería ejecutar directamente y con eficiencia. Pero, mientras esa capacidad no sea homogénea, las OxI ayudan a suplir carencias. El fideicomiso hace que estos proyectos funcionen mejor, incluso en regiones con debilidad de gestión.
- Capacidad de reacción inmediata: A diferencia de mecanismos como la hipoteca, que puede tomar entre dos y tres años en ejecutarse, el fideicomiso permite actuar de inmediato ante cualquier incumplimiento o contingencia, evitando que obras vitales queden paralizadas.
“Históricamente, los procesos electorales tienden a ralentizar decisiones administrativas, generar cambios de equipos técnicos y afectar la continuidad de obras. Por ello, el 2026 será un año especialmente sensible para el avance de la infraestructura pública. Las OxI son una solución peruana valiosa. Pero su éxito a largo plazo requiere estructuras que garanticen eficiencia y cumplimiento. Ese es el rol del fideicomiso: darle a cada proyecto el orden y la transparencia que merecen los ciudadanos”, finaliza.
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