Durante el II Foro de Informalidad: “Perú Formal: Retos y soluciones para un futuro competitivo”, organizado por la Comisión de Competitividad de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), diversos expertos nacionales e internacionales de la SNMP, el IPE, entre otros, coincidieron en que la informalidad ha dejado de ser un problema económico aislado y se ha convertido en una amenaza estructural para el Estado de derecho, la competitividad y el desarrollo del país.
Marisol León, presidenta de la Comisión organizadora, sostuvo que una de las principales conclusiones del evento fue que la informalidad es una trampa de baja productividad que ya no puede entenderse como “emprendimiento”, sino como pobreza productiva institucionalizada.
“Debemos desromantizar esta narrativa que nos ha hecho tolerar lo intolerable”, subrayó.
Actualmente, según cifras oficiales, el 71 % de la población ocupada trabaja en condiciones informales, mayormente enfocados a labores de subsistencia las que no tienen acceso al crédito, tecnología y protección social. Estos trabajadores cuentan con niveles de productividad entre seis y once veces menores a la del sector formal, lo que perpetúa la desigualdad intergeneracional y limita el crecimiento económico.
“Por ello, el gran reto es entender la informalidad como una oportunidad. Es necesario crear un sistema que permita asumir los costos de la formalidad, porque hoy ser formal es excesivamente caro”, señaló.
En otro momento destacó, que uno de los segmentos más afectados por la informalidad es el comercio, que concentra el 33 % de los negocios informales y registra una incidencia superior al 86 %, es decir, casi 9 de cada 10 negocios operan fuera del sistema formal. Según el análisis presentado, los comerciantes no operan al margen de la ley por preferencia, sino porque el camino formal es costoso y complejo.
El Perú tiene 8.2 millones unidades productivas informales, y 5.5 millones son no agropecuarias (bodegas, talleres, servicios menores, ventas por catálogo, etc.), un ecosistema que sostiene a la economía popular.
Además, el 36.6 % de estos negocios tiene entre uno a cinco años antigüedad lo que revela que son emprendimientos frágiles, con poco capital y alta rotación. Además, más del 52.3 % de los negocios informales son conducidos por mujeres, mientras los que inician un emprendimiento tiene entre 33 y 40 años.
Lima concentra el mayor número de negocios informales con 33 %, mientras que regiones como Apurímac, Ucayali y Loreto registran niveles críticos de informalidad superando el 90 %.
Por otro lado, se advierte que abrir un negocio puede demorar hasta 71 días y requerir entre S/ 500 y S/ 1 500 en trámites, montos que equivalen entre el 20 % y 30 % del capital inicial de un emprendedor. Además, se necesitan 380 horas al año para cumplir con las obligaciones administrativas.
“Si queremos un país más formal, debemos rediseñar las reglas pensando en el comercio, el sector con mayor impacto social. Se necesitan de trámites más simples y rápidos, costos proporcionales al tamaño del negocio y una ruta que acompañe al crecimiento en lugar de penalizarlo”, subrayó Marisol León.
LEA TAMBIÉN: Envíos de oro ilegal llegarían a US$ 12 mil millones en 2025
Aumento de envíos de oro ilegal
El foro también alertó sobre la expansión acelerada sobre las transacciones al exterior del oro ilegal, que convierte al Perú en el principal exportador informal de Sudamérica con una participación del 44 %, convirtiéndose en el “hub ilegal del oro”. Se estima que en 2025 los envíos sin trazabilidad ni control fiscal podrían bordear los US$ 12.000 millones, una cifra similar al total de exportaciones formales de oro.
“Esta actividad criminal transnacional, que involucra contrabando, lavado de activos, evasión fiscal y captura territorial, fluye sin dificultad hacia mercados internacionales como Dubái, Suiza, India y Estados Unidos. Todos reciben oro peruano sin verificar su origen, debido a que el país carece de un sistema robusto de trazabilidad”, remarcó.
Esta actividad criminal, además provoca una pérdida fiscal de más de S/ 7 500 millones al año, equivalente a cinco veces el presupuesto del Ministerio del Ambiente.
Los expertos cuestionaron también la continuidad del REINFO, señalando que, de los 8 000 inscritos, solo el 2 % logró formalizarse. Advirtieron que el mecanismo hoy funciona como “un salvoconducto” que impide la intervención policial y fiscal contra operadores ilegales.
Al respecto, planteó la eliminación del REINFO debido a que se ha convertido en una “carta blanca” para operar en la informalidad o en un intento de formalización sin efectos reales.
“Se necesita un proceso de formalización efectivo dirigido a los mineros artesanales y de pequeña escala. Hemos abandonado el esfuerzo de diseñar una ley específica para la pequeña minería y la minería de pequeña escala —la llamada ley MAPE— que debería establecer procesos simples y viables”, manifestó.
Afectación ambiental
Otro punto crítico que se resaltó fue el impacto ambiental de la minería ilegal. Solo en Madre de Dios se han perdido más de 30 000 hectáreas de bosque primario en tres años, mientras regiones como Loreto, Ucayali y Huánuco enfrentan escenarios similares de degradación, contaminación y afectación a comunidades locales.
“No hablamos de minería de subsistencia, sino una cadena industrial delictiva que está arrasando con nuestro ecosistema”, indicó.
Finalmente, el foro destacó que la minería formal, a diferencia de la ilegal, es parte de la solución al ser un aliado del desarrollo. El sector aporta el 9 % del PBI, genera más de 238 000 empleos formales y transfiere más de S/ 8 000 millones en canon y regalías en el último año. Sin embargo, enfrenta invasiones, extorsión y paralización de proyectos por falta de control territorial y políticas claras.
El evento concluyó con un llamado urgente a cerrar brechas regulatorias, reformar el REINFO, implementar trazabilidad obligatoria para el oro y simplificar la formalización empresarial.
“El Perú no puede seguir siendo dos países: uno que cumple la ley y otro que opera al margen de ella”, anotó.
LEA MÁS:
CCL: Cerca de 3 millones de peruanos no tienen cobertura de salud por altos niveles de informalidad
