La principal fortaleza de la economía peruana es su estabilidad macroeconómica, una gestión prudente de la política monetaria y fiscal. Esta solidez se refleja en una baja inflación, de 1.4 % en los últimos doce meses, un déficit fiscal contenido y un nivel de deuda pública moderado, entre otros indicadores que respaldan la credibilidad del país ante los mercados internacionales.
No obstante, en los últimos años se ha hecho más difícil cumplir las reglas fiscales. Retomar el principio de responsabilidad fiscal y fortalecer el control sobre los principales indicadores fiscales es una obligación para evitar un deterioro del riesgo país y preservar el acceso a financiamiento en condiciones favorables.
En esta línea, el Consejo Fiscal ha advertido que el Congreso de la República se ha convertido en un riesgo creciente para la estabilidad macroeconómica del país. Según su informe, diversas leyes aprobadas en los últimos años están afectando el equilibrio de las finanzas públicas. A esto se suma un importante paquete de nuevas medidas que podrían comprometer aún más la situación fiscal del país.
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El diagnóstico es alarmante, el actual Congreso ha aprobado 229 leyes con impacto fiscal negativo, de las cuales, 101 fueron promulgadas por insistencia, sin considerar las observaciones técnicas del Poder Ejecutivo ni de las entidades especializadas. Estas normas aprobadas representan un costo fiscal acumulado cercano a los S/ 35 800 millones, monto que pudo haberse reducido si el Ejecutivo y el MEF hubiesen ejercido con mayor firmeza sus atribuciones para impugnar dichas medidas ante el Tribunal Constitucional. Por el contrario, solo el 50 % fueron observadas, evidenciando una marcada pasividad institucional.
El panorama futuro es aún más incierto. Existen 352 iniciativas presentadas por el Congreso, de las cuales las diez más costosas desencadenarían pérdidas anuales de S/ 25 mil millones. Según el Consejo Fiscal, si estas propuestas llegaran a materializarse, la trayectoria del déficit fiscal podría alcanzar 5.5 % del PBI en 2026, y 6.4% hacia 2036, lo que tendría un efecto dominó sobre la deuda pública, que escalaría del 32 % del PBI en 2025 al 70 % en la próxima década.
En este contexto, la responsabilidad de contener esta tendencia recae principalmente en el Ejecutivo, que debe ejercer con firmeza su rol técnico y jurídico, rechazando medidas que incrementen el gasto corriente y comprometan la sostenibilidad de las finanzas públicas lo que a su vez se traduce en menores ingresos para financiar proyectos de infraestructura y desarrollo, fundamentales para impulsar la productividad y el crecimiento.
Si bien la solidez macroeconómica del Perú ha permitido enfrentar crisis internacionales y amortiguar desequilibrios fiscales en el pasado, la persistencia del incumplimiento de las reglas fiscales podría deteriorar gradualmente el grado de inversión del país. Resulta imperativo que la sociedad civil y el sector privado demanden un marco institucional predecible y responsable, que garantice la sostenibilidad intergeneracional de las cuentas públicas.
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