El 11 de noviembre último, el Poder Ejecutivo ha emitido el Decreto Supremo 128-2025-PCM, que desarrolla la Ley 32451, norma que modificó la Ley 30096 – Ley de Delitos Informáticos y el Código Penal – Decreto Legislativo 635, para sancionar la activación ilegal de líneas móviles y la posesión ilícita de SIM Cards. El objetivo es frenar prácticas que facilitan fraudes, suplantación de identidad y delitos vinculados a telecomunicaciones.
La disposición establece criterios uniformes para garantizar la trazabilidad en la comercialización, contratación y activación de servicios móviles. OSIPTEL deberá brindar acceso en línea a la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial sobre los procesos de comercialización, contratación y activación de los servicios públicos móviles reportados por las operadoras, incluyendo la identificación de todos los actores involucrados. Esta información será confidencial y servirá para investigaciones penales.
Además, las municipalidades distritales deberán reportar puntos de venta ambulatoria de servicios móviles, reforzando el control en la vía pública, dentro de sus respectivas jurisdicciones. La norma también precisa que su implementación se financiará con el presupuesto institucional, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
Con estas medidas, el Gobierno busca cerrar brechas en la seguridad ciudadana y combatir la comercialización ilegal de líneas móviles, un problema que afecta la confianza en los servicios y expone a los usuarios a riesgos de fraude.
