La minera canadiense Lupaka, anunció que intentará embargar activos del Estado peruano debido a que el país no está cumpliendo con pagar una indemnización arbitral a su favor.
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La empresa obtuvo en el centro de arbitraje internacional CIADI un laudo a su favor que la benefició con una indemnización de USD 40.4 millones más intereses y costas que elevaron la suma hasta los USD 67 millones.
La minera demandó al Perú porque no logró frenar las protestas de una comunidad que la obligaron a detener las operaciones en su mina Invicta, donde extrae oro.
Según informó la agencia Bloomberg, el presidente de Lupaka Gordon Ellis, dijo en una entrevista que intentará embargar activos del Estado peruano como futuros pagos de deuda, barcos y bienes inmuebles.
ACTIVOS EN LA MIRA DE LA MINERA
Lupaka ha contratado a investigadores para localizar activos peruanos en el extranjero, con la intención de intentar embargarlos en las próximas semanas si no recibe noticias del gobierno.
“Uno de los objetivos es la empresa petrolera nacional de Perú, Petroperú, que tiene una deuda enorme y realiza pagos regulares por ese concepto”, dijo el presidente de Lupaka, Gordon Ellis, en una entrevista.
Otros activos incluyen barcos y bienes inmuebles, así como pagos de deuda de los bonos soberanos de Perú, dijo Ellis. “Hay una lista bastante completa de activos que podrían ser objeto de embargo”, informó Bloomberg.
OTROS CASOS DE ARBITRAJE
Perú ha sido declarado en mora por un tribunal de Estados Unidos debido a que no cumplió a tiempo con el pago de una sentencia arbitral por USD 91 millones a favor del consorcio Kuntur Wasi.
“Lupaka ha enviado cartas a prácticamente todos los funcionarios del gobierno que se nos ocurrieron que podrían tener alguna responsabilidad en el pago, y hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta”, dijo Ellis. “Parece que, bajo este régimen, el gobierno de Perú simplemente no se presenta”.
Bloomberg indicó que intentaron obtener comentarios de las diversas entidades citadas, pero no hubo respuesta.
MINERAS ATENTAS
Se teme que otras empresas mineras puedan presentar demandas similares debido a que continuamente las comunidades mineras obligan a las empresas a detener sus operaciones.
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