El 2026 será un año decisivo para el país no solo por el cambio de gobierno, sino también por el manejo de un presupuesto histórico que asciende a S/ 257 561 millones. Esta cifra récord se presenta en un contexto de tensiones múltiples: la necesidad de reactivar la economía, cerrar brechas sociales e impulsar infraestructura estratégica, pero también enfrentar la crisis de inseguridad que golpea con fuerza a la población. En este escenario, surgen cuestionamientos sobre si la mejora en la asignación para seguridad resulta la más idónea frente a los elevados niveles de victimización y la percepción de vulnerabilidad ciudadana.
El Presupuesto del Sector Público 2026 (PP2026) se eleva en 2.3 % respecto al aprobado para el 2025. Este nivel de gasto equivale al 20.6 % del PBI, de acuerdo a las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual 2026-2029 (MMM 2026-2029), lo que refleja el esfuerzo del Estado por consolidar la recuperación económica y atender demandas sociales en infraestructura, salud y educación.
El PP2026 se formula bajo supuestos macroeconómicos que proyectan un crecimiento real del PBI de 3.2 %, una inflación anual del 2.5 %, un tipo de cambio promedio de S/ 3.73 por dólar y una mejora en los términos de intercambio de 4.2 %. Asimismo, se proyecta que las exportaciones e importaciones alcancen US$ 87 224 y US$ 58 650 millones, respectivamente.
Si bien estos supuestos macroeconómicos son fundamentales para la programación y asignación del gasto público, existen algunos riesgos que es importante puntualizar. Las recientes estimaciones del PBI potencial se ubican por debajo del 3 % lo que podría limitar la capacidad del país para sostener el crecimiento proyectado, comprometer las metas de recaudación tributaria y el cumplimiento de objetivos fiscales.
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Composición del gasto público 2026 y consistencia fiscal
Del total asignado para 2026, el gasto corriente asciende a S/ 166 643 millones, equivalente al 65 % del presupuesto nacional y con un incremento de 5.9 % respecto a 2025. Este rubro comprende principalmente remuneraciones de docentes, personal de salud, policías, militares y magistrados; adquisiciones para el funcionamiento de los ministerios y programas sociales; así como transferencias a familias y gobiernos subnacionales. La magnitud de este componente asegura la continuidad de los servicios públicos esenciales, pero también evidencia la creciente rigidez estructural del presupuesto, dado que consume cada vez más recursos frente a nuevas prioridades.
En contraste, el gasto de capital, asociado directamente con la inversión pública, alcanza S/ 58 190 millones en 2026, lo que representa el 23 % del presupuesto total y una caída de 13 % frente al nivel de 2025. Esta contracción refleja un patrón en el que se privilegia el gasto corriente sobre la inversión, con el riesgo de consolidar un Estado con mayor peso burocrático y menor capacidad para cerrar brechas de infraestructura y servicios básicos.
Por último, el servicio de la deuda suma S/ 32 728 millones, equivalente al 13 % del presupuesto y con un aumento de 18.7 % respecto a 2025. Este componente es ineludible, pero debe leerse en el marco de las reglas fiscales vigentes: para 2026 la meta de déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) es de 1.8 % del PBI y la deuda pública no debe sobrepasar el 32.1 % del PBI.
En suma, la composición del gasto revela tensiones: mientras el gasto corriente sigue en expansión, el espacio para inversión pública se reduce. El reto para el próximo año debe ser el cumplimiento de las reglas fiscales, controlando incrementos de gasto corriente innecesarios y ejecutando la inversión pública que tenga mayor impacto en la capacidad productiva del país.
Seguridad: Más gasto, pero sin mejores resultados
Como ocurre cada año, sectores sociales y de infraestructura son los que concentran la mayor parte del presupuesto. Para el PP2026, Educación lidera con S/ 48 745 millones, lo que equivale al 19 % del total con una ligera reducción respecto a 2025 (-1.7 %). Estos recursos se destinan a cubrir principalmente el pago de docentes, programas pedagógicos, así como la construcción y mantenimiento de la infraestructura educativa. Luego le sigue Salud con S/ 33 033 millones (13 % del total), mostrando un incremento de 8.8 % frente al presupuesto 2025. Los recursos están orientados al fortalecimiento de la atención primaria, prevención y modernización hospitalaria. Y Transporte cuenta con S/ 22 557 millones (9 %), destinados principalmente a la continuidad de megaproyectos viales y de integración territorial.
Un bloque adicional de gran relevancia lo conforman los sectores vinculados a la seguridad y el orden interno: Orden Público y Seguridad, Justicia y Defensa, que en conjunto alcanzan S/ 31 672 millones, equivalentes al 12 % del presupuesto nacional. De dicho total, Orden Público y Seguridad cuenta con S/ 15 821 millones para fortalecer la labor de la Policía Nacional; Justicia dispone de S/ 8 654 millones destinados a la modernización del sistema judicial y penitenciario; y Defensa suma S/ 7 197 millones, orientados a la modernización de capacidades estratégicas y apoyo en la gestión de desastres. Esta asignación conjunta es mayor a los S/ 30 623 millones del 2025, destacando el crecimiento relativo en Defensa.
No obstante, este esfuerzo contrasta con los resultados: la tasa de victimización urbana asciende al 27.7 % y la percepción de inseguridad alcanza al 86.1 % de la población, lo que evidencia que el reto central no es solo presupuestal, sino de una gestión eficiente y con resultados tangibles.
Inversión pública y el rol estratégico de la ANIN
Un componente central del PP2026 es la inversión pública (adquisición de activos no financieros), que asciende a S/ 50 060 millones, equivalente al 19.4 % del total. La distribución por niveles de gobierno asigna el 44.6 % al Gobierno Nacional, el 29 % a los gobiernos regionales y el 26.4 % a los gobiernos locales.
En esta categoría, la cartera a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) adquiere un rol estratégico, al concentrar proyectos en defensa ribereña, educación y salud, sectores que resultan críticos tanto para la resiliencia del país como para la calidad de vida de millones de ciudadanos y que agrupan el 88.8 % de los proyectos.
ANIN tiene una asignación de S/ 3 151 millones, de los cuales el 92 % se destinará a inversión. Para el 2026 se programó la ejecución de 108 proyectos, entre los cuales destaca el de mayor presupuesto: la “Creación de servicio de protección frente a inundaciones en ambas márgenes del río Tumbes, en tramos vulnerables desde la estación El Tigre hasta la salida al mar, en los distritos de Pampas de Hospital, San Jacinto, San Juan de la Virgen, Corrales y Tumbes”, con un monto de S/ 380 millones.
La defensa ribereña reúne 52 proyectos (48.1 %), educación con 25 (23.1 %), salud con 14 (13.0 %) y desarrollo urbano con 5 (4,6 %). Luego se tiene Otros sectores (transporte, agricultura, saneamiento y ambiente) que agrupan 12 proyectos (11.1 %).
No obstante, según información del propio ANIN, se observa una brecha significativa entre el presupuesto disponible y los compromisos asumidos por la institución referidos a los contratos bajo el modelo NEC 3 – Opción F, suscritos por la ARCC y transferidos a la ANIN. Estos ascienden para el 2026 a S/ 7 951 millones y de acuerdo a las cifras del PP2026, los montos asignados para gastos de capital (S/ 2 895 millones) resultan insuficientes para cubrir dichos compromisos. Y esta característica se prolonga hasta 2028.
En consecuencia, el Presupuesto 2026 vuelve a reproducir el mismo problema del presente año: un esquema desfinanciado que deja una carga significativa al próximo gobierno y queda expuesto a riesgos en la cadena de pagos. A ello se suma la ausencia de previsiones claras para la operación y mantenimiento de las infraestructuras una vez concluidas, lo que plantea interrogantes sobre su sostenibilidad en el mediano y largo plazo.
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