El próximo mes empezará a debatirse en el Congreso de la República, la ley del presupuesto público para el año 2026 y si bien el primer foco de interés será saber en cuánto se incrementarán los gastos del gobierno el próximo año, diversos economistas consultados por esta revista consideran que lo principal es establecer cómo se mejorará el uso del dinero que los ciudadanos aportan al Estado Peruano.
Juan Carlos Odar, director gerente de Phase Consultores, cuestiona que el gasto previsto de las entidades estatales deba incrementarse.
“El monto del presupuesto ya está en el orden del 22 % al 23 % del PBI, con lo que de partida es alto frente a nuestra recaudación tributaria, lo que origina que permanentemente incurramos en déficit fiscal”, apunta Odar.
“En ese sentido, pensaría en mantenerlo estable y empezar a rebajarlo gradualmente, de manera que crezca al que resulte menor entre el incremento del presupuesto y el crecimiento del PBI nominal del año anterior”, sugiere.
El economista señala que una regla de ese tipo, generará incentivos para que los gobiernos de turno se preocupen por procurar crecimiento económico. “Si se quiere aumentar la velocidad de generación de recursos para el sector público debe ser interés del gobierno lograr estimular el crecimiento de la producción privada. Fomentar la inversión y el consumo privados terminaría permitiendo una mayor dinámica del gasto público”, plantea.
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Subirlo, pero con reforma
Por su parte, Dittmer Quispe, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), sostiene que el presupuesto puede ser incrementado de forma progresiva y responsable, pues en la actualidad está muy por debajo en comparación con países de la OCDE. “Se puede aspirar a elevarlo hasta el 30 % del PBI en el mediano plazo, sin perder sostenibilidad fiscal, siempre que se haga acompañado de una reforma estructural del gasto. Este aumento debe orientarse a inversión pública de alto impacto, especialmente en salud, educación y desarrollo económico local”, sostiene.
Pero aclara que el condicional señalado es lo más importante. “Incrementar el presupuesto sin mejorar la calidad del gasto sería ineficiente”, aclara.
Mejorar el gasto subnacional
Tanto Odar como Quispe coinciden en que uno de los principales problemas en Perú es la baja ejecución y limitada eficiencia del gasto a nivel regional y local; pero sus recomendaciones para impulsar mejoras son distintas y abren el debate.
Según datos del portal de Transparencia del MEF, los gobiernos subnacionales solo ejecutaron el 73 % del presupuesto para inversiones al cierre del 2024, y en muchos municipios pequeños la ejecución fue menor al 50 %.
Quispe, quien sigue atento el devenir de la economía de Junín y el interior del país, afirma que la baja ejecución de las regiones y municipalidades es por falta de personal calificado, alta rotación técnica, baja planificación, limitada asistencia técnica, fragmentación institucional y debilidades en los sistemas de control y supervisión.
“Se requiere una estrategia integral de fortalecimiento institucional subnacional. Esto incluye la profesionalización del servicio civil, la creación de unidades ejecutoras técnicas intermunicipales, la promoción de mancomunidades, incentivos por desempeño y control concurrente de la Contraloría General”, dice.
“También se requiere revisar el modelo de transferencias intergubernamentales, priorizando criterios de impacto y resultados, no solo población o presión política. Además, urge modernizar la recaudación tributaria nacional y subnacional, diversificando fuentes sin afectar a las microempresas ni a los contribuyentes formales”, agrega.
Reasignación
Para Odar, si tuviera el poder de disponer del presupuesto público, obligaría al mejor uso de los recursos: “La única reasignación que plantearía va justo en dirección contraria a lo que se ha hecho recientemente elevando el Foncomun: le daría menos a los gobiernos subnacionales”, plantea.
Pero aclara: “No necesariamente reducirles el presupuesto, sino que tengan menos libertad para ejecutarlo, volviendo a centralizar funciones en el gobierno nacional. Entre esa reversión y corregir que la única métrica de evaluación de gestión sea el porcentaje de ejecución del presupuesto, ya hay bastante por cambiar”.
Actualmente, con los cambios aprobados en el Congreso, los gobiernos locales -que típicamente tienen mayores problemas de gestión que el gobierno nacional- paulatinamente van a disponer de mayor cantidad de recursos, lo que tendería a acentuar las ineficiencias actuales.
Odar dice en líneas generales, que está bien que la asignación del presupuesto esté orientada a educación y salud, que son dos componentes claves para mejorar la productividad y apuntar a lograr un crecimiento sostenido a mayor ritmo; pero insiste en que hay que corregir la ineficiencia.
“Buscaría implementar mecanismos de evaluación del gasto público orientados a evaluar el cierre de brechas, a cubrir las carencias de infraestructura priorizando enfoques regionales y a maximizar la cantidad de personas beneficiadas con el gasto realizado. Me centraría en buscar ganancias de eficiencia, pues gran parte del gasto social se queda en la parte administrativa y no llega a los usuarios finales, como ocurre por ejemplo en salud”, explica.
Educación y salud
Quispe coincide en la necesidad de mejorar drásticamente la eficiencia del gasto y de orientarlo a fortalecer el capital humano, reducir las brechas territoriales y promover un desarrollo productivo sostenible e inclusivo.
Si pudiera reasignar el presupuesto público, el economista de REDES, manifiesta que plantearía un 22 % para el sector educación, con énfasis en calidad docente, infraestructura educativa y conectividad digital.
“Para salud, propondría elevar el presupuesto a 18 %, priorizando el fortalecimiento del primer nivel de atención y la salud mental”.
En seguridad ciudadana y justicia, propondría 9 %, con enfoque en prevención, patrullaje integrado y modernización del sistema judicial, detalla; y el sector infraestructura y conectividad debería recibir un 15 %, dirigido a caminos rurales, agua, saneamiento y digitalización en regiones.
Asimismo, destinaría 8 % al desarrollo productivo (especialmente en agricultura familiar, innovación, ciencia y MYPES), otro 8 % a protección social con enfoque territorial, y 6 % al fortalecimiento institucional, lucha contra la corrupción y mejora de la gobernabilidad local. “Finalmente, asignaría 3 % a gestión ambiental y cambio climático, 5 % a defensa nacional y relaciones exteriores, y 6 % como reserva de contingencia”.
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