Tras el profundo deterioro de las cuentas fiscales ocasionado por la pandemia, los países de la región están transitando una etapa de ajuste de gastos con el objetivo de recuperar la estabilidad económica y reconstruir sus finanzas públicas, sin poner en peligro su actividad económica. Bajo este enfoque Argentina, Chile, Ecuador y Paraguay son las que proyectan mejores condiciones del déficit fiscal para el cierre de 2027, resultados que responden a optimización de subsidios, modernización de su sistema tributario y un seguimiento abierto para un mejor control del gasto.
Por su parte, Perú atraviesa un momento decisivo para reafirmar su compromiso con la eficiencia del gasto público y la estabilidad macroeconómica, y para ello, el Gobierno ha presentado nuevas medidas que buscan un mayor ahorro y control del gasto, priorizando la inversión pública en infraestructura crítica.
Programa de Eficiencia Fiscal del Gasto Público
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció un programa de eficiencia del gasto, cuyo principal objetivo es generar un ahorro significativo de hasta S/ 1 200 millones durante el año 2025. Este ahorro será destinado a áreas cruciales como seguridad ciudadana y servicios básicos, lo que demuestra un compromiso directo con extender los servicios de calidad del Estado. Esta iniciativa se enmarca dentro de un esfuerzo estratégico para garantizar una gestión responsable y eficiente de los recursos públicos, promoviendo la austeridad y el buen uso de los fondos del Estado.
El programa también responde a la necesidad de cumplir con la regla fiscal del 2025, que establece un déficit máximo de 2.2 %. El país ya ha incumplido la meta fiscal por dos años consecutivos y esta medida se espera corrija las finanzas públicas, evitando que el nuevo gobierno herede pasivos que limiten su capacidad de ejecutar reformas.
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CADE 2025: Puntos claves para la gestión del gasto y la gobernanza
En su intervención en el CADE 2025, la ministra de Economía Denisse Miralles destacó que la eficiencia y disciplina fiscal son fundamentales para generar confianza económica. Subrayó que las reglas fiscales no solo protegen a las familias, sino que también brindan certeza a los inversionistas, estableciendo un marco claro para la inversión sostenible en el país.
En este contexto, la ministra remarcó el compromiso de su cartera de dinamizar la economía y promover el desarrollo de infraestructura con responsabilidad fiscal a través de un enfoque por resultados y cuentas claras. Asimismo, resaltó la importancia de la gestión eficiente del gasto público, particularmente en los grandes proyectos de infraestructura, no se puede poner en riesgo el costo fiscal de los próximos años. La ministra concluyó su participación subrayando que la estabilidad macroeconómica es una política de Estado, no de Gobierno de turno.
Por su parte, el exministro de Economía Luis Carranza destacó que la posición fiscal del Perú sigue siendo sólida, con una deuda pública equivalente al 32 % del PBI, una de las más bajas de la región. Sin embargo, el incumplimiento de las reglas fiscales en los últimos años ha debilitado la disciplina macroeconómica. A esto se suma la inestabilidad política, que ha afectado la confianza y la capacidad de gestión del Estado.
Carranza advirtió que el gasto público, especialmente el gasto corriente, ha crecido de manera desordenada. La planilla pública se ha incrementado 5.5 veces en los últimos veinte años, expandiéndose por encima del crecimiento del PBI nominal, una tendencia insostenible a largo plazo. Propuso no realizar despidos ni grandes reformas, sino retomar los mecanismos de control fiscal que existían anteriormente para limitar el crecimiento del gasto corriente.
Asimismo, resaltó que la eficiencia del gasto está directamente vinculada con la capacidad operativa del sector público. En este aspecto, el Perú se ubica entre los últimos lugares de la región, debido al debilitamiento de la institucionalidad y la pérdida de la meritocracia. Señaló la necesidad de fortalecer la gestión pública mediante procesos técnicos y directores independientes en las empresas estatales, tal como ocurre en el Banco Central. A modo de ejemplo, indicó que una mayor independencia en Petroperú habría evitado pérdidas estimadas en S/ 20 000 millones.
En materia de seguridad jurídica, advirtió el deterioro de los derechos de propiedad. Las controversias ante el CIADI superan los USD 6 000 millones, cuando en 2017 las pérdidas acumuladas apenas alcanzaban los USD 37 millones; en 2024 ya superaban los USD 500 millones. Esta situación refleja un grave retroceso en el clima de inversión.
Carranza enfatizó que la eficiencia del mercado no puede alcanzarse si se debilitan las fortalezas macroeconómicas. El foco del gasto público debe orientarse hacia la infraestructura, no al gasto corriente. Recordó que la reducción de la pobreza en décadas pasadas se sustentó principalmente en la inversión en conectividad e infraestructura rural. Hoy, sin embargo, el país enfrenta un serio problema de parálisis: existen alrededor de S/ 44 mil millones en obras detenidas y más de 50 hospitales inconclusos.
También alertó que el incremento desbordado de la criminalidad desde 2022 está generando efectos económicos tangibles, como la caída de alrededor del 10% en el precio real de las viviendas en los distritos más afectados por la inseguridad.
Reflexión Final
Es imperativo que los gobiernos salientes actúen con responsabilidad fiscal, adoptando medidas que no solo beneficien a corto plazo. El país necesita que un gobierno saliente deje una economía saneada, como un acto de responsabilidad que otorgue flexibilidad de maniobra y una menor carga de pasivos al nuevo gobierno.
LÍNEAS MAESTRAS
Durante el foro “Gestión del Crecimiento en Tiempos de Cambio: Política, Economía y Estado” organizado por la Universidad del Pacífico, el economista Carlos Casas, exviceministro de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) planteó un conjunto de medidas de mediano-largo plazo para recuperar espacio fiscal:
- Alcanzar un pacto fiscal entre grupos políticos en torno a la necesidad de controlar el déficit fiscal.
- Aumento de la base tributaria tomando en cuenta la heterogeneidad.
- Mejora en la calidad del gasto, pues entre ineficiencia y corrupción se pierde entre el 25 % y 30 %
- Pago por resultados más generalizado.
- Mejorar relaciones fiscales intergubernamentales.
- Cerrar el hoyo que representa Petroperú.
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