Una de las grandes omisiones del mensaje a la nación que la presidenta Dina Boluarte dirigió al país por Fiestas Patrias fue el Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP).
Este no fue un simple descuido o ‘error de tipeo’ como el cometido con la meta de déficit fiscal, sino que significó pasar por alto el único objetivo de largo plazo que tiene nuestro país para articular, de manera coherente, medidas para mejorar la economía, la calidad institucional y el bienestar de la ciudadanía.
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Pese a la importancia del PNCP, formulado en 2019 y actualizado en 2022, muy pocos son conscientes de la trascendencia que tiene para el país.
En su formulación participaron el sector público (incluyendo gobiernos regionales y locales), gremios empresariales, universidades, centros de investigación y especialistas. Contó con el apoyo del Banco Mundial, el BID, la OCDE y el FMI para su diagnóstico inicial y alineación con estándares internacionales.
Su implementación debería ser una prioridad, porque mientras el crecimiento económico siga estancado entre 2 % y 3 %, será imposible generar empleo digno, reducir la informalidad y alcanzar el principal objetivo que es mejorar la calidad de vida de millones de peruanos que viven en la pobreza.
PLAN PARA ELEVAR CRECIMIENTO POTENCIAL
Para lograrlo, nuestro país necesita -por lo menos- elevar su PBI potencial al 5% o más, sin caer en déficits crónicos ni despilfarros fiscales, ni depender exclusivamente de tener buena suerte con el precio de los minerales.
Esto solo será posible produciendo más y mejor con los mismos recursos, que es justamente lo que proponen los nueve objetivos del PNCP, que van desde mejorar la calidad educativa, promover la innovación y cerrar brechas de infraestructura hasta reducir la informalidad, fortalecer el Estado y dinamizar el entorno empresarial.
Tanto el FMI como el Banco Mundial han insistido en que la clave del crecimiento sostenible en economías como la peruana, está en las reformas estructurales. El FMI estima que, de aplicarse plenamente el PNCP, el crecimiento potencial del país podría aumentar, en el mediano plazo, hasta 5 % y con ello, mejorar ingresos, reducir la pobreza y estabilizar las finanzas públicas. Para activar este potencial se requiere liderazgo político, gestión pública eficiente y continuidad en las políticas de Estado; algo que este gobierno aún puede hacer si se lo propone.
Debemos destacar que, en las últimas horas, el Ministerio de Economía y Finanzas ha presentado a Luis Fernando Ruíz Lecaros como nuevo director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización, quien deberá impulsar la implementación del PNCP. Una de sus primeras acciones podría ser reactivar la Comisión Multisectorial de Competitividad para que establezca una agenda para los próximos 12 meses, con metas claras, como la implementación del shock desregulatorio, la formalización laboral, la digitalización del Estado, cerrar las brechas en infraestructura y mejorar la calidad del capital humano.
APUESTA POR LA PRODUCTIVIDAD
No podemos esperar hasta el 28 de julio de 2026; al contrario, debemos exigir que, por lo menos, se sienten las bases institucionalizadas para una política de competitividad y productividad que trascienda gestiones, ideologías y coyunturas.
Queda un año que es tiempo suficiente para avanzar, corregir y liderar, porque no hay nada más estratégico que invertir en competitividad y no hay nada más costoso que ignorarla.
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